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23.07.21

La alumna de máster de la Facultad de Educación Social Pere Tarrés - Ramon Llull Laura Comaposada Llorens ha ganado el premio Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social, que otorga el Campus Excelencia Internacional Aristos Campus Mundus (ACM). Este reconocimiento lo ha obtenido con su Trabajo de Fin de Máster (TFM) "Los conflictos éticos en la práctica profesional de los recursos residenciales para adolescentes migrantes solos / as", una investigación académica que ha desarrollado en el marco del Máster universitario de Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en la Infancia y la Adolescencia.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que un estudio de Comaposada merece un reconocimiento, ya que su Trabajo de Final de Grado (TFG), "¡Démosle uso a la mediación familiar!", quedó finalista en los Premios ADR de Justicia 2018.

Ahora, Comaposada espera que el premio logrado este año abra la puerta para que su TFM pueda ser un punto de reflexión para establecer unos protocolos éticos a la hora de atender a los menores no acompañados.

¿Qué significa para ti ganar este premio?

Por un lado, el reconocimiento al trabajo realizado. Al final siempre es un motivo de satisfacción. Por otro lado, puede ser un poco más ambicioso, el hecho de ganar el premio genera que el trabajo se pueda publicar. Desde mi punto de vista, desde los últimos meses, a raíz de la Covid, el número de adolescentes que están llegando ha disminuido considerablemente y yo creo que es un buen momento para hacer una parada y una reflexión para generar las estructuras que faltan, las que menciono en el TFM.

¿Qué te llevó a hacer este trabajo?

Los últimos años he trabajado como integradora y educadora social en varios lugares de protección de la infancia y adolescencia y en los últimos tiempos con jóvenes inmigrantes solos.

¿Por qué huyen de sus países?

Hay un estudio de la antropóloga social y cultural Violeta Quiroga que resalta que los motivos son diversos, pero, principalmente, algunos marchan por causas políticas o de otros porque buscan mayores oportunidades de futuro de las que pueden tener en su país de origen.

¿Cuál es la situación que se encuentran estos jóvenes y niños en los centros de menores?

Hay un desajuste entre sus expectativas y el motivo por el cual iniciaron este proceso migratorio con lo que realmente el sistema de protección les puede ofrecer. Sobre todo, porque son jóvenes con unas necesidades de alta complejidad para los que nuestro sistema de protección no estaba pensando ni preparado. Además, es un modelo muy mecanicista y burocrático que choca con las necesidades de estos adolescentes y jóvenes.

¿Qué metodología has seguido en tu trabajo?

Ha sido una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, en la que hice encuestas con preguntas abiertas y cerradas a 50 profesionales, de cinco entidades diferentes. Para el análisis de datos utilicé un estudio previo de Jesús Vilar y Gisela Riberas, así como categorías diferenciales extraídas de las propias encuestas.

El trabajo habla de los conflictos éticos que hay a la hora de atender estos jóvenes, ¿cuáles son?

He hecho una diferenciación, un sistema de categorías y subcategorías, que he designado en tres grandes bloques. Para hacerlo, me he basado en el estudio teórico que hicieron Jesús Vilar y Gisela Riberas y elementos diferenciales que salían del propio análisis del estudio.

Pues vamos punto por punto, ¿de qué habla el primer bloque?

El primero es la generación de conflicto del valor en relación con el encargo y la misión por parte de la propia entidad o de la administración pública. En este caso, había como subcategorías: la oposición de valores con un superior; la ausencia de transformación en relación con el encargo que se estaba realizando; recursos inadecuados y efectos no deseados, es decir, por mucho que el profesional realice muchos esfuerzos, pues como que los recursos que dispone no son suficientes no puede generar un impacto con los adolescentes; la implicación y el sobre esfuerzo del personal para poder dar respuesta a estas necesidades.

¿Y el segundo?

Son las fuentes vinculadas con los adolescentes en el acompañamiento. Aquí sería la dificultad de encontrar la distancia o el nivel de implicación del acompañamiento; sentimientos que no se pueden controlar de rechazo o de identificación con estos adolescentes; tema confidencialidad, dicho de otro modo, la gestión de la información que puede llevar al encubrimiento o explicar más cosas de las que explicar; el ejercicio de la autoridad, hasta qué punto se marcan los límites, las normas o reglamentos del régimen interno; el respeto a los derechos básicos; las agresiones que se hace hacia los profesionales tanto físicos como verbales; y, por último, que es el que más salía en los resultados del estudio, es el de las expectativas de los adolescentes, el no poder darles respuesta.

¿A qué hace referencia el tercer bloque?

Este habla sobre el trabajo entre profesionales, que lo que más destacaba era el desacuerdo valorativo y técnico con las decisiones que debían tomar. Los profesionales también han destacado otros puntos como la dificultad de trabajar con el equipo; las irresponsabilidades por parte de algún miembro del equipo y qué hacer en estas situaciones, denunciar o no; así como la parte de la gestión de la información de los adolescentes, la confidencialidad.

Uno de los puntos de los trabajos es cómo se deben gestionar los posibles conflictos que surjan entre los cuidadores y estos jóvenes. ¿Cómo se gestionan ahora y como se debería hacer?

Uno de los puntos claves de ello son los espacios de gestión. Hoy por hoy, la forma de gestión más habitual de estos conflictos morales, sobre todo, se tratan en reuniones de equipos. Sorprendentemente, en el segundo punto, el que más se daba es la gestión personal privada. En este sentido, se comparten estos conflictos morales, que se dan dentro del trabajo, con personas de la esfera privada como familia y amigos. Una de las conclusiones del trabajo es que faltaban estructuras sólidas que permitieran generar un método de deliberación a todos estos conflictos para que los profesionales se sientan más acompañados en la toma de decisiones.

De hecho, uno de los puntos es que se deberían establecer unos protocolos. ¿Cuáles crees que deberían ser?

Es todo esto de establecer este método y la posibilidad de tener comités de ética dentro de las instituciones o mayor formación por parte de profesionales para tener expertos a los que se pueda consultar cuando surgen este tipo de conflicto.

Cómo deben ser y qué función deben tener estos comités de ética.

Pues bien, estos deben poder dar respuesta, sobre todo, con base en los códigos deontológicos y en los documentos profesionalizadores de cada una de las diferentes profesiones. Además, lo pueden hacer desde una visión más neutral porque desde fuera de esta conflictividad deben poder dar herramientas y establecer criterios para que los profesionales puedan resolver estos conflictos morales que se dan en el día a día.

Actualmente, ¿no existe un código deontológico?

Hay un código deontológico genérico de la profesión tanto por los educadores sociales como trabajadores sociales, pero todo esto se ha de desarrollar y hay que ir viendo caso por caso. Si que en los colegios profesionales existen comités de ética, pero no se hace uso. Además, las propias instituciones deberían tener estos mapas de conflictos que puedan generarse para crear estructuras que se anticipen y no buscar soluciones cuando el conflicto ya está.

Dónde debería estar este comité ético: ¿dentro o fuera de las instituciones o entidades?

La idea es que las propias instituciones o entidades del tercer sector tuvieran estos mecanismos, pero si no, sería importante que tuvieran este mapa de conflictos y un comité externo al que se le pueda hacer la consulta de forma ágil. Estos deberían facilitar desde la propia institución.

Una vez analizados estos retos distribuidos en estos tres grandes bloques, hay alguno más o cuál sería el prioritario.

Las administraciones públicas sí que es importante que se puedan coordinar entre los diferentes departamentos, por ejemplo, migraciones, enseñanza, servicios sociales ... Nos encontramos políticas públicas que aprueban el día a día y que se contradicen entre los diferentes departamentos. Esto genera conflicto porque los profesionales no saben dónde responder.

Cómo recibe el profesional estas órdenes contradictorias. ¿Qué hace en estos casos?

Esto es lo que nos genera en nuestro día a día esta conflictividad. En marzo salió una sentencia del Tribunal Supremo donde nos pedía que para poder renovar el permiso de residencia de estos jóvenes que han hecho la mayoría de edad necesitaban medios de vida propios. Hasta ahora, con las ayudas de la administración y del tercer sector se les renovaba la autorización de residencia. Si esta autorización no se renueva hay muchas formaciones de las que no pueden obtener el título o ayudas a las que no pueden acceder. Por un lado, se nos pide que los acompañamos o movilizamos recursos, pero la propia administración nos pone trabas. Aquí es cuando nace la propia conflictividad del profesional.

Ahora, una vez con el máster finalizado, ¿qué te gustaría hacer o cuáles son tus siguientes pasos?

Ya empecé con trabajo social, después educación social y ahora he hecho el máster. Llevo varios años de formación con el ámbito social y la idea sí es, por primera vez, parar un poco en cuanto estudios. Aunque es una profesión que requiere de una formación continuada: seminarios, cursos pequeños encaminados algún tema concreto que me interese profundizar, pero no tantas formaciones regladas de larga duración.

¿Qué recorrido esperas que tenga este TFM? Te gustaría que fuera aplicable.

Me encantaría que alguien le pueda leer y pueda contribuir a la reflexión de la necesidad de crear estas estructuras para aprovechar este momento que hay menos llegadas por crear protocolos y, de este modo, poder anticipar el futuro porque no nos vuelva a pasar como en 2017 o en 2018.