COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL

La normativa de transparencia en Cataluña viene regulada por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se completó con el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. La diversidad existente de entidades dentro del tercer sector hace que sea complejo conocer cuáles son las obligaciones que como tales debemos cumplir en materia de transparencia según la legislación actual. Desde entidades que no se ven obligadas, a aquellas entidades que no solo se ven regidas por una, sino por dos legislaciones: la ya citada Ley 19/2014 de transparencia y la del protectorado de fundaciones [1].

Difícilmente se puede contabilizar el número de entidades que están sujetas a esta normativa. Sin embargo, detectamos que la posición de las entidades en materia de transparencia tiende a ser reactiva, es decir, trabajamos para cumplir con lo que nos obliga la ley. Son pocas las entidades, especialmente entre las pequeñas y medianas, que asumen un rol proactivo a la hora de diseñar actuaciones que promuevan activamente la transparencia. El principal motivo para esta posición es que solo se perciben los deberes y obligaciones de la normativa, y no se identifican los beneficios que pueden aportar la transparencia y el buen gobierno.

Si miramos más allá de estos derechos y obligaciones, la transparencia y el buen gobierno nos ayudan a crecer como entidades. Ser transparentes es, en sí mismo, una buena praxis en la gestión y organización de nuestra entidad, tanto interna como externamente. Internamente, la transparencia significa implicar a las personas en nuestro día a día, haciendo accesible la información a las diferentes personas involucradas en nuestra entidad, ya sea personal, voluntariado, socios, socias o personas usuarias. El poder socializar nuestra actividad diaria y permitir el acceso a la información que generamos, como por ejemplo nuestros valores, el balance económico y social, etc., es un elemento que garantiza el compromiso de las personas y recuerda cuáles son los objetivos que tenemos como entidad. Disponer de esta información de forma transparente genera un mejor clima en el seno de la entidad, dado que las hace partícipes en la cultura organizativa de esta.

Sobre nuestra organización interna, la identificación y reconocimiento de las tareas y actividades que desarrollamos como entidad nos hace mejorar en la eficiencia y nos permite identificar límites en nuestra actuación, así como también detectar disfunciones para prevenir riesgos inesperados. 

En definitiva, internamente la transparencia nos ayuda a gestionar mejor los diferentes recursos que tenemos disponibles (humanos, económicos, materiales, etc.) y a que todos y todas tengamos presente cuál es la finalidad de nuestra actuación como entidad.

Y de manera externa, debemos ver la transparencia como una fortaleza, como una forma de comunicarnos para explicar al resto de los agentes lo que hacemos, y no solo como una obligación de rendir cuentas con la administración. Si explicamos bien y de forma transparente el impacto de nuestra actividad, generaremos un vínculo de confianza con la ciudadanía. Y esta confianza puede permitirnos captar más participación y más recursos, a la vez que también mejorará la valoración de nuestra misión, lo cual nos dará legitimidad para cumplirla.

Ahora bien, cumplir con la transparencia, sea o no una obligación, no deja de tener sus dificultades y obstáculos, especialmente para aquellas entidades pequeñas y medianas. Como comentábamos anteriormente, el propio desconocimiento de la normativa, la falta de detección de los beneficios y lo más importante, la falta de medios (económicos, temporales, humanos, formativos, etc.), son algunos de los factores que dificultan la consecución y/o mejora de estos criterios de transparencia. Y al final, terminamos priorizando (lógicamente) nuestros recursos en la actividad que nos acerca a nuestra misión y visión como entidad, y no en la gestión administrativa que requiere la transparencia.

Por eso, recomendamos a las entidades que busquen apoyo para trascender en este cambio de la cultura organizativa que genera el hecho de tener que cumplir con la transparencia y el buen gobierno, independientemente de si se está obligado o no por ley. Hay actuaciones que podemos realizar dentro de la entidad, como incentivar la formación, y/o en materia de transparencia, como solicitar asesoramientos para mejorar las herramientas y procesos para recoger y tratar la información de forma más efectiva y eficiente, especialmente aquella que es materia pública y accesible a todo el mundo.

Asimismo, como entidades no debemos dejar de reclamar que se nos habiliten las herramientas para poder ser más transparentes, especialmente con la administración: una burocracia más simplificada (formularios y/o instancias) o unas aplicaciones informáticas que nos simplifiquen la forma de comunicarnos con los diferentes niveles de administración son dos ejemplos de demandas que se nos deben garantizar y facilitar para poder cumplir con nuestras obligaciones. 

En conclusión, aunque el camino para conseguirlo no está exento de exigencias y demandas que dificultan nuestra actividad, debemos romper con esa percepción negativa de lo que nos supone la transparencia. Y empezar a ver lo que nos puede aportar como entidad, como una mejora en la organización y la gestión interna, un mejor compromiso entre las personas que forman parte de nuestra entidad y una mejor imagen de cara a la ciudadanía.

[1] Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública y Orden JUS/152/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el nivel de sujeción de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de utilidad pública a los instrumentos de transparencia establecidos por la mencionada ley.