COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL

¿Te imaginas no poder decidir sobre la gestión de tus ahorros, no poder alquilar un piso a tu nombre o no poder firmar tu propio contrato laboral? Hasta ahora, las personas con discapacidad que se encontraban incapacitadas judicialmente estaban privadas de tal derecho y su tutor era el encargado de decidir por ellas en una o varias esferas de su vida.

La reforma de la nueva ley para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supone un salto cualitativo en la autonomía de las personas con diversidad.

Esta ley tiene por objetivo asegurar los derechos, las preferencias y las voluntades de las personas con discapacidad sobre asuntos que les afectan de manera directa en el transcurso de sus vidas.

De hecho, una de las principales novedades de la ley es que desaparece la posibilidad de incapacitar legalmente a una persona y en su lugar, se aplican medidas de apoyo para dar soporte a sus necesidades.

La reforma de la nueva ley ha adecuado la legislación vigente a la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad presentada en 2006. Hemos necesitado 15 años para dar este importante paso jurídico y poder brindar medidas de apoyo adecuadas y respetuosas para las personas con discapacidad, centradas en sus elecciones y voluntades.

La nueva legislación introduce cambios en la terminología jurídica, eliminando palabras como “incapacitado” o “tutelado” y sustituyéndolas por términos más inclusivos y respetuosos como “persona que precisa soporte para su capacidad jurídica”. Otra novedad importante es la mejora en lo que se denomina la accesibilidad cognitiva de las sentencias. Este concepto implica que los textos jurídicos incorporarán un contenido comprensible.

El objetivo de este nuevo modelo es escapar de la mirada tradicional y paternalista de la justicia para ofrecer garantías de autonomía y libertad para las personas con diversidad funcional, estableciendo acuerdos con la persona a quien se le da apoyo.

Pese a ello, la nueva legislación prevé medidas más restrictivas en el caso de personas cuyo grado de discapacidad les impida tomar conciencia de su situación o sean susceptibles de sufrir abusos por parte de otras personas. Estas medidas se podrán tomar incluso aunque contradigan la voluntad expresada por la persona.

En la reforma de la nueva ley aparece el rol del asistente como figura de apoyo que acompaña a la persona con diversidad en la toma de decisiones teniendo en cuenta su voluntad, deseo y preferencias. La asistencia se plantea como un “traje a medida” teniendo en cuenta las necesidades de apoyo que requieran las personas atendidas.

Por ejemplo: en el caso de una persona con una discapacidad intelectual que necesite ayuda para gestionar su pensión y sus gastos diarios. Otro ejemplo podría ser el de una persona con un diagnóstico de esquizofrenia que pueda necesitar apoyo para el seguimiento de su tratamiento con el centro de salud mental y para la toma de su medicación pero que, sin embargo, no requiera este soporte en la esfera económica.

Este apoyo se facilitará de manera preferente a las personas que lo requieran voluntariamente. Por ejemplo, si una persona considera que debido a su discapacidad necesita ayuda con la gestión de su patrimonio, puede solicitar proactivamente esta medida de apoyo.

Otro caso podría ser el de una persona que recibe un diagnóstico de Alzheimer. En esta situación, si lo desea, podrá solicitar medidas de apoyo de manera anticipada que se lleven a cabo en el momento en que se pierdan las facultades necesarias para autogobernarse.

Todas las medidas de apoyo se encontrarán sujetas a revisión periódica para poder certificar que son adecuadas y oportunas y que se ajustan a las necesidades que presenta la persona en cada momento.

La reforma de ley es un paso importante, pero debe ir de la mano de un cambio en el entorno, en la visión social de las personas con diversidad y en el ejercicio de su capacidad para tomar decisiones. En este sentido, los profesionales sociales deberán estar atentos a las necesidades de la persona y situarse en un plano de igualdad, sin actitudes paternalistas y utilizando herramientas como la escucha activa y la empatía.

La nueva ley supone un gran paso adelante en el uso de una terminología más respetuosa, inclusiva y accesible para las personas con discapacidad, pero lo más importante es que por fin les reconoce como titulares de derechos y les otorga plena capacidad para poder tomar sus propias decisiones sobre temas que les afectan de manera directa; una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos.