COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL

No solamente trabajamos para tener un sueldo a final de mes. El componente social de nuestra actividad laboral también puede tener un impacto positivo en nuestra vida.

Pero a pesar de que hace más de cuarenta años que existen normativas de protección, actualmente, todavía excluimos del derecho al trabajo a muchos colectivos como es el caso de las personas con discapacidad.

Tener una actividad laboral implica poder sentirnos útiles, tener retos profesionales e incluso ser reconocido en muchos momentos por nuestras posibles habilidades. También supone una serie de retos que muchas veces puede llegar a impactar con lo que hacemos o en las personas de nuestro alrededor.

Poder trabajar o no hacerlo puede suponer una posición social que va mucho más allá del dinero que cobramos a final de mes. Es por ello que el trabajo está reconocido como un derecho al que todas las personas deberían acceder en igualdad de oportunidades.

Sin embargo, una vez más, el colectivo de personas con discapacidad se ve agredido por un contexto que no es capaz de incorporar la diversidad humana en las empresas e instituciones. Y es que todavía vivimos en un entorno en que el sistema laboral está creado para acoger a personas que funcionan de una manera estándar.

Así pues, todo aquel que sale de la norma por cualquier razón va a tener problemas para incorporarse o para mantener su lugar de trabajo.

Las personas con una discapacidad que se aprecia muy fácilmente tienen muchas dificultades para acabar trabajando, pero no debemos olvidar que existen también muchos inconvenientes para aquellas personas con enfermedades que generan situaciones discapacitantes y que no identificamos visualmente.

Por ejemplo, personas con fibromialgia, con fatiga crónica o el nuevo covid persistente son algunas de las enfermedades que incapacitan para poder seguir el mismo ritmo de trabajo que las personas tenían antes de esta situación. Pero no siempre hay un reconocimiento de discapacidad ni tampoco una adaptación del puesto de trabajo para quien lo necesite.

Vivimos en un contexto en que hace más de cuarenta años que las normativas al respecto están escritas en forma de leyes que obligan a las empresas de más de cincuenta trabajadores, por ejemplo, a tener el 2% de trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional.

Y si te sorprende que exista esta ley es justamente porque posiblemente es una de las leyes más incumplidas de nuestro territorio.

Los estigmas y las ideas preconcebidas sobre las personas con discapacidad suelen ser los principales culpables de la contratación. Pero, por el contrario, las empresas que apuestan por una plantilla más diversa tienen una experiencia positiva que renuevan continuamente.

Algunas técnicas, como el empleo con apoyo, han generado mucha confianza en las compañías, ya que son propuestas que incorporan la ayuda de preparadores laborales que dan apoyo a la persona con discapacidad, pero, también, al entorno de su nuevo puesto de trabajo.

El acompañamiento previo, durante el primer periodo de inclusión en la nueva empresa y posteriormente en momentos puntuales, genera un espacio de confianza y seguridad para todos los agentes implicados consiguiendo continuamente experiencias de éxito.

Para ir finalizando y para aportar alguna posible solución a los problemas de las personas con discapacidad a la hora de encontrar empleo, cabe decir que, con toda seguridad, una escuela realmente inclusiva generaría experiencias de relaciones positivas con personas con diversidad funcional. Y esto reduciría los estigmas y, posteriormente, las y los empresarios no pondrían tantos inconvenientes a contratar personas que se salgan de la normalidad estadística.

Echa un vistazo a tu alrededor laboral y piensa si verdaderamente te estás enriqueciendo de la diversidad humana o si el sistema actual no ha dejado que eso ocurra.