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La inseguridad en la vivienda y los efectos en la salud infantil

La inseguridad en la vivienda y los efectos en la salud infantil

Rosalina Alcalde
Jefa de Metodología y Estudios en Acción Social en el área de Consultoría y Estudios de la Fundación Pere Tarrés
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08.02.21

Los estudios sobre pobreza en España demuestran que la presencia de menores en el hogar incrementa el riesgo de caer en la exclusión social (Save the Children, 2020). La vivienda es uno de los indicadores más sensibles de la pobreza y de la exclusión en la infancia. Según el informe Foessa del año 2018 un 12% de los hogares con menores en España tenían problemas para afrontar el pago de servicios de la vivienda básica, frente al 7% de los hogares donde no hay menores. También el 7% de los hogares con niños tenían deudas tales como alquiler, hipoteca, suministros, impuestos, etc., que no podían solucionar, frente al 2% de los hogares sin menores.

Según este mismo informe, el 13% de los niños y niñas que viven en España lo hacen en viviendas inadecuadas por deficiencias en la infraestructura, ausencia de suministro, hacinamiento, etc. Mientras que un 6% viven en viviendas inseguras, sin título legal, con notificación de abandono o en un hogar con violencia.

La exclusión residencial presenta diferentes dimensiones que impactan en la calidad de vida de los niños. Sin embargo, con frecuencia, los estudios sobre condiciones de la vivienda se quedan en una visión material de la problemática obviando el impacto nocivo que esta situación genera en otros elementos como la salud. Por otro lado, son poco frecuentes los estudios que incorporan a los niños y las niñas como sujetos de estudio y como actores. Pocas veces los niños tienen la oportunidad de ser actores claves tanto en los procesos de la investigación como en el diseño de acción de mejora y cambio de sus propias vidas.

Trabajos como los de Rafael Arredondo, 2017 revelan como los desahucios han sido un hecho tristemente característico de la crisis económica española durante los últimos 10 años, lo que ciertamente ha tenido un impacto nocivo en la vida miles de niños en nuestro país. Según se recoge en el informe realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (2016), UNICEF denuncia que en España, entre el 70% y el 80% de los desahucios tienen lugar en familias con menores a cargo. No obstante, se han realizado muy pocos estudios desde el análisis de la infancia. El informe "Te quedarás en la oscuridad" (PAH, 2016) alerta sobre la socialización del silencio y el pacto "no escrito" entre hijos y padres para evitar hablar de riesgo de desahucio o del desahucio propio. Este silencio "impuesto" puede tener manifestaciones en formas de malestar psicológico llegando incluso a las autolesiones y el riesgo de suicidio.

La situación consecuente de la crisis social que está generando la pandemia del Covid-19 nos hace ponernos en alerta sobre este problema. Recientemente, en la Fundación Pere Tarrés estamos llevando a cabo un estudio sobre vivienda y salud entre las familias usuarias de nuestra red de centros abiertos. Los resultados son muy alarmantes: el 46% de las familias encuestadas consideran que están en riesgo de perder su vivienda, mientras que el 74% reconoce tener dificultades para pagar (52%) o directamente no puede asumir el coste (23%) del alquiler o hipoteca de su hogar. Sólo el 23% de las familias no tienen problemas con el pago del alquiler, ya sea porque no tienen que asumir estos gastos o porque el 10% está ocupando ilegalmente una vivienda. Recordemos que según el informe Foessa un 7% de los hogares con niños en España tenían deudas relacionadas con el pago de alquiler, hipotecas y otros gastos relacionados con servicios de la vivienda. Por tanto, podemos afirmar que la inseguridad de la vivienda es un problema superlativo entre las familias y los niños que acogen nuestros centros. Esta inseguridad residencial también se evidencia en el hecho de que un 36% de las familias han tenido que cambiar de residencia en los últimos 4 años por motivos económicos. Los principales motivos de estos cambios son, en primer lugar, la obligación de irse de la vivienda por impago y, en segundo lugar, la mudanza a un piso con un alquiler más económico. En relación a los desahucios vemos que un 22% de las familias han sufrido los últimos 4 años, o están sufriendo actualmente, un desahucio por alquiler o por la hipoteca.

De cómo esta situación afecta a la salud de los niños, los resultados preliminares de nuestro estudio indican que más de un tercio de las familias creen que sus hijos e hijas sufren problemas emocionales derivados de sus condiciones de vida y de su vivienda, como por ejemplo la angustia, la depresión, la ansiedad, etc. De estas familias que creen que sus hijos e hijas tienen problemas emocionales, el 80% reconocieron tener problemas para poder pagar los gastos de la vivienda. Un 56% de las familias que percibían un malestar psicológico en sus hijos e hijas, declararon sentirse en una situación de riesgo de perder la vivienda.

En este sentido, todas aquellas personas que trabajamos para mejorar la vida de los niños en riesgo, tendremos que incorporar también la atención a los efectos nocivos para la salud que genera la pobreza y la inseguridad social.