COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL
BLOG FUNDACIÓN PERE TARRÉS
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Óscar Martínez
Profesor contratado y doctor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL)
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| Ficha de experto
01.12.17
A partir del día 4 de diciembre de 2017, cualquier espacio, servicio o producto tiene la obligación de ser accesible. Se acabaron todos los plazos y márgenes que se vienen dando desde hace más de 30 años. Ya no debe haber más excusas. Hemos tenido tiempo suficiente para distintas fases en el tiempo de sensibilización y reglamentación. Sobre todo, porque la accesibilidad es una cuestión de Derechos Humanos y de posibilidad de participar como ciudadano con igualdad de condiciones. Sobre todo, porque promover los entornos inaccesibles es una cuestión exclusiva, limitadora y generadora de discapacidad.
Algo no funciona cuando las reformas legales de hace menos de una semana aún incorporan frases como “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia (…)”. La verdadera igualdad de oportunidades llegará el día que sea evidente que nadie puede ser discriminado por esta razón y no debamos explicitarlo.
El día internacional de la discapacidad de este año viene marcado por la obligación definitiva de contemplar la accesibilidad en cualquier aspecto de servicios, entornos, arquitectura, etc. Esta situación está enmarcada en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, pero tiene un pasado con numerosas reglamentaciones en las que ya se contempla esta dimensión. Sistemáticamente se han incumplido las leyes y convenciones que se refieren. En el caso de Cataluña, además, tenemos una ley de accesibilidad desde hace tres años sin un decreto que la concrete.
Las organizaciones de personas con diversidad funcional llevan décadas dedicando un gran esfuerzo para que una óptica como diseño para todas las personas, que debería darse de manera natural, sea sistemáticamente infravalorada.
A las administraciones no les queda otra cosa que hacer cumplir una ley. Les toca hacerlo ya que no han hecho el esfuerzo suficiente para promover una mirada social en la que la diversidad sea un valor y no un problema o un gasto económico, para que los cambios se den de manera natural.
Y quizás en otros momentos el tono de exigencia era mucho más amable y eso ha comportado que sospechemos que no se ha hecho el trabajo suficientemente a tiempo. En cualquier caso, puesto que en algunos casos asumir la legalidad ha sido la justificación de muchas acciones, podemos exigir que se dejen de dar más plazos que son en realidad una trampa hecha a los derechos de las personas. El diseño para todas las personas mejora la calidad de vida a todos y no sólo a las personas con diversidad funcional. Ésta es una premisa que parece ilógico que todavía no se tenga en cuenta a la hora de organizar las ciudades o los servicios.
Sin duda, el horizonte de la verdadera escuela inclusiva será uno de los mejores fundamentos para una sociedad que tenga en cuenta la diversidad humana. Pero mientras llega este objetivo, reclamado también hace décadas, conviene que interpelamos a los actores que están impidiendo una sociedad más digna, justa y amable con todas las personas.
Ha llegado la hora de un nivel de exigencia superior. Porque de ello depende la calidad de vida y la dignidad de muchísimas personas que ven cómo cada día se ven vulnerados sus derechos que tienen que ver con poder participar de la sociedad con las mismas oportunidades que el resto. Sin más, sin privilegios. El día 4 comienza la supresión de situaciones de exclusión y generadoras de discapacidad, se inicia, y no debe pararse, la exigencia real de la accesibilidad.
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