COMPROMISO EDUCATIVO Y SOCIAL

En la actualidad nos encontramos en un momento social y geopolítico complejo, que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. En este contexto, garantizar los derechos digitales y reducir la brecha digital es un reto que hay que afrontar porque las problemáticas generadas son multifactoriales y son causa de desigualdad social.

Los adelantos tecnológicos inciden en el espacio y en las prácticas sociales generando nuevas formas de exclusión social, delimitando el grado de participación y de accesibilidad, tanto de derechos básicos como también de la práctica de la ciudadanía. Los medios y herramientas que usamos hoy en día para comunicarnos, consumir, trabajar y estudiar, entre otros, y el grado de integración de diferentes tecnologías en la vida cotidiana marcan diferencias entre las personas que las utilizan en su vida diaria y las que todavía no tienen acceso a ellas, o lo tienen pero no las saben utilizar.

No podemos olvidar que las dinámicas sociales están enmarcadas dentro de un contexto socioeconómico donde la tecnología ha cambiado la forma de trabajar, comprar, producir, estudiar, comunicarnos y relacionarnos. Por este motivo, hace falta una mirada humanística sobre la tecnología, que tenga por objetivo el bienestar y el desarrollo integral de las personas, facilitando el acceso y su integración en todos los ámbitos como ejercicio de equidad social.

La brecha digital afecta a diferentes colectivos de personas, según la edad, el nivel de ingresos y el género, entre otros. Por ejemplo, la brecha de género en la elección de estudios tecnológicos es cada vez más elevada. Según cifras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la presencia femenina en los ámbitos STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas) se encuentra por debajo del 25%. Así pues, esta brecha de género tiene un impacto directo en la empleabilidad y en la brecha salarial actual.

Asimismo, un factor a destacar de desigualdad es el nivel de ingresos relacionados, por un lado, con una menor posibilidad de acceso a la conectividad y a dispositivos y, por otro, con las carencias formativas en detrimento de las oportunidades de inserción laboral o de derechos ciudadanos, especialmente en el derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, complicando gestiones y trámites de servicios básicos como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Precisamente, relacionado con la brecha digital en relación con la edad, hemos visto en los últimos meses cómo diferentes colectivos de personas mayores se movilizaron para reclamar soluciones a sus dificultades para hacer gestiones bancarias y el riesgo de exclusión financiera que implica la digitalización de la banca.

Hay que insistir que para afrontar este reto es necesario que la alfabetización digital y la formación continua tengan como objetivo facilitar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico. Se tiene que desarrollar una alfabetización que vaya más allá del conocimiento técnico y favorezca las prácticas socioculturales. Esta idea se aproxima a la necesidad de aprender a "leer el mundo" (Freire, 1978) y a la capacidad crítica para comprender y dar significado a los hechos en relación con el contexto, donde la brecha digital constituye los parámetros de inclusión/exclusión social de las personas.

Para conseguir la equidad digital hay que desarrollar de manera transversal las competencias digitales desde una perspectiva inclusiva, que mejore las habilidades, las destrezas y también las oportunidades personales y profesionales, sobre todo de las personas con riesgo de exclusión social, con el fin de encontrar soluciones a los problemas sociales también mediante la igualdad de oportunidades tecnológicas y digitales para todas las personas.