EDUCACIÓN SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

El ocio educativo, por la función social y pedagógica que tiene, es un derecho cada vez más reconocido socialmente. Un derecho que se fundamenta en los beneficios que aporta a los niños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral. Por ejemplo: la participación en actividades de ocio educativo favorece la construcción de relaciones de calidad y la adquisición de competencias académicas, laborales y sociales e incide en el aprendizaje y la práctica de la participación social. Pero, pese a favorecer todas estas habilidades, a día de hoy no todos los niños y niñas pueden disfrutar de este derecho.

En la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989), además de destacar la educación de forma general, se habla de los derechos al juego y a la participación, que están en la base de las actividades de ocio. Ahora bien, estos principios o normas todavía no están suficientemente desplegados, especialmente en lo que se refiere a potenciar las actividades de ocio educativo y a facilitar que sean accesibles para toda la población y que se puedan realizar en condiciones adecuadas.

Investigaciones actuales muestran que, aun siendo el ocio educativo un derecho legalmente reconocido, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, un 20% de los niños y niñas que viven en barrios de rentas más bajas no pueden realizar regularmente actividades de ocio, mientras que en los barrios de rentas más altas el porcentaje es de un 4%. Esto supone una grave limitación de sus oportunidades educativas, y más en un momento en que la escolarización es universal y, por tanto, las desigualdades se dan fuera del aula.

Esta desigualdad nos plantea tres grandes retos:

En primer lugar, es necesario que se reconozca el sector del ocio educativo como un agente clave y necesario para el desarrollo integral de los niños y niñas y que sea considerado por las instancias educativas formales como un actor de primer nivel, como puede ser la propia escuela, si bien cada uno con su papel y sus funciones.

En segundo lugar, es urgente mejorar las políticas y los recursos para hacer posible que estos beneficios lleguen a los niños y niñas de todos los territorios. Hay que activar políticas de ocio inclusivo, para que los niños y niñas puedan participar en igualdad de condiciones y con la máxima autonomía. Ello requiere construir entornos de ocio plenamente accesibles, desde una perspectiva física, sensorial, cognitiva y social adecuada.

Cada niño y niña es único y puede requerir, o no, soportes específicos y de diversa índole. Para ello, es necesario garantizar el acceso a equipamientos y a actividades de ocio compartidos en la comunidad. En este sentido, los ayuntamientos ejercen un papel clave para mejorar los planes de accesibilidad y garantizar la equidad y la igualdad en la participación de niños, niñas y adolescentes con menos recursos en estas actividades. Con ayudas económicas o bonificaciones, pero también a través del acompañamiento durante el proceso de inscripción, el impulso de programas de movilidad o la puesta en marcha de medidas de discriminación positiva que eviten procesos de segregación.

Un tercer elemento, también muy importante, es la construcción de itinerarios personalizados para cada niño, niña y adolescente, especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. También la utilización de metodologías que permitan acercar lenguajes, conectar intereses y atender sus necesidades socioemocionales y económicas, facilitando, de este modo, su incorporación social plena.

Avanzar en esta dirección implica asumir el ocio educativo desde una perspectiva claramente inclusiva, que active a la comunidad y la corresponsabilice. También implica promover el trabajo en red entre los diferentes profesionales de la acción social, educativa o de la salud, para intercambiar información y fomentar la participación de todos los niños y niñas en las diferentes actividades (asociativas, culturales o deportivas) que se ofrecen en el territorio.

Será necesario incidir de forma activa en la promoción de políticas públicas que reconozcan el valor que aporta el ocio educativo al desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y que lo equiparen en importancia al espacio lectivo tradicional, valorándolo, cada vez más, como un contexto privilegiado de inclusión y de educación.

En conclusión, garantizar la igualdad de oportunidades en las actividades de ocio educativo es clave para mejorar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en un ámbito de acción que les es tan propio como son los espacios de juego, de relación y de desarrollo cultural.