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01.12.21

Un total de 616.052 personas tienen algún tipo de discapacidad en Cataluña, según los últimos datos publicados del instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Esta cifra representa al 7,9% de la población catalana. Ahora bien, dentro del colectivo de personas con diversidad funcional no todos tienen las mismas características, sino que el abanico es muy amplio. De hecho, según los datos del Idescat más de la mitad de las personas con algún tipo de discapacidad sufren una limitación física, en concreto 331.950; 118.642 ciudadanos, algún trastorno mental; 34.078 afectados, una discapacidad visual; mientras que 66.780 personas, una discapacidad intelectual.

Para sensibilizar a la opinión pública sobre su situación, la Organización de Naciones Unidas decretó el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así pues, se pretende promover la toma de conciencia en cuanto a los derechos y beneficios que genera la integración de las personas con necesidades especiales en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Ahora bien, según el profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés - Universidad Ramón Llull, Òscar Martínez, no vivimos en un país "con igualdad de oportunidades". El principal problema, según Martínez, se debe a que a la hora de dar luz verde a políticas como las de accesibilidad o educación inclusiva no se han tenido en cuenta las necesidades y particularidades de las personas con diversidad funcional.

“Se han aprobado para que las personas con diversidad funcional puedan tener la protección necesaria para un mundo construido única y exclusivamente para las personas que funcionan de forma estándar”, lamenta Martínez que también es especialista en discapacidad y diversidad funcional.

En el caso de la educación inclusiva, por ejemplo, afirma que este derecho se está vulnerando en Cataluña "por la falta de apoyos necesarios a los niños y niñas con discapacidad". Por eso, defiende que no ha servido de nada que Cataluña tenga un contexto de protección legal para atender a este colectivo.

Ante esta situación, Martínez considera que es necesario un Parlamento que trabaje para las personas. “Si los niños y niñas tienen derecho a una escuela con igualdad de oportunidades, las madres y los padres no deben ser activistas para pedir un derecho que no es ningún favor”, remarca y añade: “Hace tiempo que sospechamos que algunas de las leyes que el Parlament aprueba y que supuestamente deben proteger a los más vulnerables no son más que una obra de teatro con una foto final para simular que hemos logrado algo”.