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06.02.20

La respuesta al delito no puede ser únicamente sancionadora sino que debe ser reparadora y poder restaurar en la medida de lo posible el daño causado. Esta es la tesis principal del concepto de justicia que defiende el dossier "Justicia restaurativa. Una respuesta al conflicto más humana, inclusiva y transformadora", elaborado por la jurista Esther Giménez-Salinas, directora de la Cátedra de Justicia Social y Restaurativa Pere Tarrés - Universidad Ramon Llull, y Aida C. Rodríguez, jefe de proyectos de la misma cátedra.

"El castigo, por sí solo, es ineficaz", afirmó Esther Giménez-Salinas durante la presentación del dossier, a la hora de explicar en qué consiste esta visión de la justicia "que quiere poner la víctima en el centro e intentar que la persona que ha delinquido sea consciente del daño causado."

Esta práctica se aplica desde hace años pero todavía no cuenta con un marco legal, aunque los estudios realizados hasta ahora demuestran que los casos que han pasado por mediaciones son satisfactorios y logran un acuerdo en el 80% de los casos. Sin embargo, en 2018 sólo se realizaron en Cataluña unas 3.000 mediaciones entre las casi 68.000 personas condenadas, es decir, menos de un 5% del total. El dossier subraya también que incluso en el caso de la justicia de menores, en que la mediación sí está regulada por ley, esta práctica restaurativa tampoco supera el 20% de las medidas a pesar del alto porcentaje de éxito.

El informe repasa todos los avances históricos que se han conseguido en los últimos 30 años en políticas penitenciarias y subraya que, sin embargo, España aún no cuenta con una regulación específica en justicia restaurativa que permita avanzar en nuevos modelos judiciales. "No tener un marco legal complica mucho la aplicación", admite Esther Giménez-Salinas, que lamenta que, a pesar de los casos de éxito, "los profesionales de este ámbito no tienen un paraguas legal que los ampare en estas prácticas diarias". Por ello, las autoras del informe reclaman la creación de un nuevo marco legal que permita implantar la justicia restaurativa y modernizar el sistema, para hacerlo más eficiente, humano e inclusivo que la justicia penal tradicional: involucrando a la víctima, al ofensor y a la comunidad en el proceso. La autora ha remarcado que la ley debería incluir unas reglas básicas como la voluntariedad de las partes, el reconocimiento de los hechos por parte del autor, la confidencialidad, la reparación del daño o acuerdo y la figura del mediador.

La presentación del dossier tuvo lugar en el marco del debate "Cataluña Social" de la Mesa del Tercer Sector, que contó también con expertos de entidades sociales que han explicado su experiencia con la justicia y las prácticas restaurativas desde el Tercer Sector, como Esther Gil, responsable de la Oficina de Proyectos y coordinadora del Piso de Jóvenes de la Fundación IRES y miembro de la CAPEP de ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social); Xavier Badia, coordinador de voluntariado penitenciario de Justicia y Paz (Federación Catalana de Voluntariado Social) y Carlos Bonete, responsable técnico del área sociocomunitaria a la Federación Salud Mental Cataluña.