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26.05.22

Esta ha sido una semana histórica para las entidades sociales. Después de años de trabajo, este martes han registrado en el Parlament de Catalunya la proposición de Ley del Tercer sector, con lo que la cámara catalana inicia la tramitación de esta normativa que, entre otras cuestiones, servirá para reconocer el papel y aportación de las entidades a la sociedad y a las personas.

“La Ley del Tercer Sector es un trabajo de muchas organizaciones del sector, y de un consenso amplio, para fortalecer el trabajo que realizan nuestras entidades y disfrutar de un reconocimiento y apoyo imprescindible para trabajar para las personas en situación de vulnerabilidad y con menos posibilidades”, valora el director adjunto de la Fundación Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna.

Por su parte, Jesús Delgado, director de Proyectos Estratégicos de la Fundación Pere Tarrés y miembro de la junta de gobierno de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, asegura que esta normativa “es la expresión de una sociedad civil activa y organizada con larga tradición y con vocación de futuro para seguir trabajando por la igualdad de oportunidades de las personas”.

En Cataluña alrededor de 3.000 entidades acompañan u ofrecen soporte esencial a 1,5 millones de personas en situación de vulnerabilidad de todas las franjas de edad en ámbitos muy diferentes como pueden ser la salud, la inserción laboral, la educación, la migración o personas con capacidades distintas.

Además, la labor de estas entidades se ha vuelto aún más imprescindible en los últimos dos años marcados por la crisis social y económica desencadenada por la pandemia de la covid-19. En este periodo, según un reciente estudio de Foessa y Cáritas, un 2,5 de personas han entrado en situación de vulnerabilidad y, de este modo, 11 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en España.

Esta tendencia, por ejemplo, se ha notado desde la Fundación Pere Tarrés que ha incrementado sus esfuerzos no solo para atender a los niños en situación de vulnerabilidad, sino también a sus familias. Por ello, ha aumentado el número de plazas en los centros socioeducativos, así como las ayudas para becar a niños, adolescentes y jóvenes en actividades de ocio educativo. Además, ha apoyado a las familias con programas, por ejemplo, de inserción laboral.

Puntos claves de la ley

Así pues, las entidades del tercer sector, que trabajan sin ánimo de lucro, son esenciales para atender a los colectivos más vulnerables a la vez que están arraigadas en el territorio y en la comunidad. Por eso, conocen muy bien las necesidades de las personas. Ahora bien, a pesar de la labor tan relevante que realizan, todavía no tienen un marco jurídico que las regule. Esto comporta que no se reconozca la labor que desarrollan, que es de interés general, lo que dificulta que puedan impulsar políticas públicas o ser un interlocutor frente a las administraciones.

"La aprobación por el Parlament de esta propuesta de ley debe permitir que el Tercer Sector Social sea reconocido institucionalmente como un actor principal a la hora de desarrollar el pilar social del estado del bienestar", afirma Delgado.

Por eso es imprescindible la Ley del Tercer Sector, que establecerá el marco de acción de las entidades y pondrá en valor su labor. Aparte de esto, esta normativa también garantiza la participación del tercer sector en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Además, recoge medidas de fundamento y financiación del tercer sector social, que le aportará estabilidad y sostenibilidad. Todo esto, en la ley, se traduce en cuatro capítulos, que disponen 19 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

En detalle, el primer capítulo define qué son las entidades del tercer sector, sus principios rectores, así como sus ámbitos de acción. El segundo aborda cómo se teje la colaboración entre el tercer sector, el público y el privado. El siguiente hace hincapié en el diálogo civil y la interlocución social, que se determina que tendrá lugar a través de dos órganos: la creación de una mesa de Diálogo del Tercer Sector y la participación de este en los órganos colegiados. Finalmente, el último capítulo es el que garantiza la participación de las entidades sociales en sede parlamentaria.

“Como en otros pilares del estado del bienestar (salud, educación), este reconocimiento por ley debe traducirse en un apoyo institucional y una financiación adecuada. La financiación estable al tercer sector social llevaría a una mejor retribución a los profesionales y mejor servicio en la atención a las personas atendidas y, por tanto, un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los colectivos más vulnerables”, sentencia Delgado .