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17.04.18

El pasado jueves 12 de abril tuvo lugar la Jornada Nueva Ley de Contratos Estatal, organizada por la Fundación Pere Tarrés en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, donde se discutió respecto la entrada en vigor de la nueva ley 9/2017 de Contratación Pública.

El encuentro con diferentes expertos abordó la cuestión sobre los posibles impactos de esta ley en el tercer sector, dado que la administración pública juega un papel muy importante en los servicios de atención a las personas.

"La última directiva europea sobre contratación pública, fruto de malas experiencias con empresas extrañas de atención a las personas e influida por lobbys económicos y también de las grandes ONGs del continente, ha hecho posible el reconocimiento de formas alternativas de remunerar los servicios públicos dirigidos a las personas "inauguró el Sr. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundación Pere Tarrés.

El encargado de presentar la nueva ley de contratación pública estatal fue el Sr. Juan Carlos Hernanz, socio de Cuatrecasas. La nueva ley, que transpone al ordenamiento jurídico español una directiva de 2014 de la UE, ha sido elaborada en un amplio marco de consenso político, por lo que refleja diversas sensibilidades. La implantación de sus criterios puede ser relevante para nuestra sociedad en tanto que la contratación pública supone alrededor del 20% del PIB.

En la mesa redonda que se organizó para debatir la afectación de la ley participaron la Sra. Mercè Corretja, directora general de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya; M. Joan Segarra, presidente de la Confederación; M. Francisco Blanco, director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona; M. Enric Arqués, miembro de la Junta Directiva de la Mesa del Tercer Sector en representación del Foro Salud Mental; y como moderador Jesús Delgado, administrador universitario de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés.

Una de las novedades que aporta la implantación de la ley 9/2017 es que la valoración por una contratación pública ya no será por la oferta más ventajosa económicamente, sino por el criterio calidad y precio. De modo que contempla criterios sociales y medioambiental que deben ser incorporados a la valoración, además del cumplimiento de cláusulas sociales en determinados ámbitos. Así la contratación pública se convierte en una herramienta estratégica de primer orden para las políticas sociales y públicas.

Otro punto a destacar es la consagración de los servicios de atención a las personas, los cuales no tienen que estar necesariamente sometidos a la contratación pública habitual, sino que pueden estar fuera de esta norma como sucede en varias comunidades autónomas. En este sentido, existe la posibilidad de crear conciertos sociales u ocupacionales, que hará falta que Cataluña acabe de legislar.

Otro tema abordado durante la jornada fue el esfuerzo que hay que hacer para fijar precios razonables, que permitan ofrecer los servicios con calidad y que respeten los convenios colectivos del sector, los cuales se deben exigir. Por otra parte, se remarcó la necesidad de diálogo permanente entre las administraciones públicas, el tercer sector y de otros agentes para configurar una buena práctica de contratación de los servicios de atención a las personas.

Respecto la entrada en vigor de la ley todavía hay muchas incertidumbres, fruto de la poca práctica y de las interpretaciones y desarrollos que las administraciones públicas, juntas consultivas, interventores y los propios tribunales puedan ir haciendo. Por lo tanto, será cuestión de un proceso de consolidación hasta llegar a este cambio de modelo. Actualmente, se está impartiendo formación y definiendo procedimientos tanto previos como en la ejecución, los cuales habrá que velar para seguir los compromisos fijados por los adjudicatarios en el contrato.

La clausura del acto corrió a cargo del Sr. Rafael Ruiz de Gauna, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Pere Tarrés.