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20.11.24

Las crisis económicas y sociales que hemos vivido en los últimos años han pasado factura a las familias más vulnerables y esta circunstancia ha acabado repercutiendo en el eslabón más débil del sistema, la infancia y la juventud. Lo evidencian los recientes datos del Instituto de Estadística de Cataluña, según los cuales el 32,5% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña. Y la pobreza multiplica también la vulnerabilidad en otros muchos aspectos, como la salud mental, el abandono escolar, las dificultades de tener una vivienda en condiciones o el acceso a las actividades de ocio educativo. Hoy se conmemora el Día Universal de los Derechos de la Infancia y la Fundación Pere Tarrés ha elaborado un documento con 10 propuestas para poner a la infancia en el centro de las prioridades políticas.

La fecha de mañana conmemora la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos de la Infancia, que establece que todos los niños y niñas deberían tener una serie de mínimos garantizados en todas las sociedades. Pero cada año hay que recordar que millones de niños y niñas de todo el mundo no tienen asegurados aspectos tan básicos como el derecho a la educación, a una vivienda digna, a la participación o a la igualdad de oportunidades, entre otros muchos.

La Fundación quiere poner su granito de arena en el imprescindible debate público que debe derivar en un verdadero acompañamiento a la infancia por parte de la sociedad. La infancia es una etapa clave en el desarrollo de la persona, en la que se empiezan a construir la personalidad y los valores, por lo que la entidad ha propuesto una serie de acciones que las administraciones públicas pueden poner en práctica para mejorar su situación. Propuestas como poner en marcha programas para tratar los trastornos de salud mental, potenciar los centros de esplai y los espacios de ocio educativo con una financiación adecuada y locales dignos, favorecer la participación de los niños, acompañar a las familias, mejorar la coordinación de los servicios educativos y sociales; entre otros.

A continuación listamos las 10 propuestas:

1. Garantizar financiación y espacios adecuados a los proyectos de ocio educativo como centros de esplai o grupos scouts para favorecer que todos los niños, especialmente los que están en situación de vulnerabilidad, puedan participar en actividades de calidad.
2. Ampliar la universalización de los servicios para pequeña infancia para garantizar que todo el mundo, especialmente las familias con más necesidades sociales, tenga acceso a escuelas infantiles.
3. Promover espacios para la participación infantil, favoreciendo espacios de escucha activa sobre temas que les afecten, como la escuela, la salud, el ocio, la cultura o el espacio público.
4. Favorecer espacios inclusivos para atender las necesidades educativas especiales y que los niños con discapacidad o con diferentes diversidades puedan gozar de oportunidades educativas y de ocio como el resto.
5. Apoyar a las familias para que dispongan de condiciones laborales, culturales, educativas, de vivienda y sanitarias para que los niños crezcan en hogares con condiciones dignas y enriquecedoras.
6. Velar por la salud mental de la infancia, con programas que fomenten el deporte y la alimentación saludable.
7. Diseñar programas educativos para fomentar un uso responsable de las pantallas y de las tecnologías de la información y comunicación y acompañar a los niños, niñas y jóvenes.
8. Impulsar la coordinación de todos los agentes educativos y sociales que trabajan con la infancia, como escuelas, servicios sociales, centros de salud y centros de educación en el tiempo libre.
9. Potenciar a los centros socioeducativos para que sean verdaderos espacios preventivos que fomenten la participación de niños y niñas en riesgo y garantizar la financiación adecuada y la estabilidad de estos espacios, especialmente los que están impulsados ​​por entidades de iniciativa social.
10. Instaurar el concierto social como mecanismo habitual de prestación de servicios sociales y educativos, de forma que el precio no sea el factor determinante y se pondere la calidad y el arraigo en el territorio, dando estabilidad a servicios, equipos y entidades.